Anti-Trafficking Review

ISSN: 2286-7511
E-ISSN: 2287-0113

The Anti-Trafficking Review promotes a human rights-based approach to anti-trafficking. It explores trafficking in its broader context including gender analyses and intersections with labour and migrant rights.

DOI: 10.14197/atr.201225246

La importancia del entorno familiar de las víctimas de la trata de personas en Perú, antes y después de la explotación

Andrea Querol y Antonia Lerner

Resumen

Este artículo analiza la importancia del entorno familiar de las víctimas de la trata de personas en Perú, antes y después de la explotación. Basándose en entrevistas con 30 víctimas y 10 familiares, se demuestra que la familia, principalmente las madres, puede desempeñar un papel clave tanto en la prevención de la victimización como en el proceso de recuperación de las víctimas de trata de personas. La estructura de la familia y los antecedentes familiares pueden aumentar la vulnerabilidad de la víctima; aun así, las familias también son las que protegen y cuidan. Sin embargo, los funcionarios del Estado suelen culpar a los padres y familiares por la explotación de las víctimas, lo que conduce a una revictimización tanto de la víctima como de la familia. Comprender el papel de la familia en la reintegración de las víctimas es fundamental para mejorar la calidad de la inclusión social. Los trabajadores de los servicios de protección y atención deben involucrar a las familias de las víctimas como parte de su proceso de recuperación y recibir formación adicional para salvaguardar la integridad física y mental de los supervivientes.

Palabras clave: trata de personas, familia, Perú, acceso a la justicia, protección, vulnerabilidad, revictimización, reintegración

Cómo citar: A Querol y A Lerner, ‘La importancia del entorno familiar de las víctimas de la trata de personas en Perú, antes y después de la explotación’, Anti-Trafficking Review, núm. 24, 2025, pp. 99-119, https://doi.org/10.14197/atr.201225246

Introducción[1]

Las familias desempeñan un papel crucial, complejo y, en ocasiones, contradictorio en cada etapa del proceso de Trata de Personas (TdP). Las características del entorno familiar, como antecedentes de violencia o abuso, necesidades económicas, dinámicas familiares poco saludables, antecedentes migratorios y discriminación,[2] pueden generar vulnerabilidad a la explotación. Los tratantes pueden aprovecharse de estas vulnerabilidades[3] y, en algunos casos, los miembros de la familia pueden participar directamente en el proceso de trata.[4] Sin embargo, las familias también pueden ayudar a las víctimas: por ejemplo, pueden denunciar la explotación a las autoridades y colaborar en el proceso de búsqueda.[5] Los miembros de la familia también pueden ser fundamentales para ofrecer seguridad, facilitar la recuperación y reintegración de la víctima en la comunidad,[6] así como desempeñando un papel clave a la hora de ayudar a las víctimas a acceder a la justicia.[7] Por ejemplo, pueden influir significativamente en las decisiones de la víctima e incluso formar parte del propio proceso judicial.

Una investigación de la organización no gubernamental contra la trata de personas, CHS Alternativo identificó que, durante el proceso judicial, los familiares pueden ser estigmatizados y victimizados al intentar brindar asistencia a las víctimas.

Por ejemplo, los padres a menudo no son informados de las decisiones que las autoridades toman respecto a sus hijos.[8] A pesar de los esfuerzos legislativos, las víctimas y sus familias siguen enfrentando dificultades para recibir asistencia debido a la falta de servicios especializados y adecuados. Asimismo, existe poca investigación sobre las experiencias y perspectivas de las familias en su rol de apoyo a las víctimas en el proceso de trata.

Este artículo aborda esta brecha destacando el importante papel que desempeñan las familias en la recuperación de las víctimas, el acceso a la justicia y su reintegración. Demuestra que, para los familiares, la situación de TdP comienza cuando confirman la desaparición de la víctima, toman conciencia de los riesgos y solicitan ayuda a las autoridades. Se detalla la revictimización y el trauma que experimentan los familiares al interactuar con las autoridades, así como la necesidad de un enfoque diferente y un modelo de apoyo para las familias, adaptado a las necesidades específicas de las víctimas. Se concluye que las familias de las víctimas de la trata de personas pueden contribuir significativamente a estos procesos, si los proveedores de servicios dejan de lado ciertos prejuicios e incluyen a los familiares en el recorrido de acceso a la justicia.

Contexto: El papel de la familia y la trata de personas en el Perú

En el Perú, los hogares nucleares son los más comunes, seguidos por los hogares extendidos y los monoparentales.[9] La composición familiar ha cambiado recientemente, con más mujeres como jefas de hogar y un aumento de los hogares monoparentales.[10] La estructura familiar depende en gran medida del nivel de ingresos, y las familias más pobres tienden a ser extensas y compuestas.[11] Factores como el número de miembros de la familia, el nivel educativo del jefe de hogar y la zona de residencia influyen en el nivel de pobreza.[12] La desigualdad también está relacionada negativamente con la movilidad intergeneracional.[13] Salir de la pobreza depende en gran medida del nivel de educación de los padres, los ingresos familiares y la composición demográfica de la familia.[14]

La familia: vulnerabilidad y protección

Las familias de las víctimas de TdP pueden desempeñar diferentes roles en las distintas etapas del proceso de explotación. Varios factores de riesgo relacionados con la familia contribuyen a la vulnerabilidad frente a la trata de personas, incluidos los antecedentes de violencia o abuso, las dinámicas familiares disfuncionales, la discriminación, la pobreza, la condición migratoria y la falta de vivienda, entre otros. La falta de conciencia de la familia sobre la TdP es otro factor importante ya que los tratantes pueden incitarlas a colocar a las víctimas en situaciones de explotación para aliviar la pobreza extrema. Las personas pueden ser manipuladas para dedicarse al trabajo sexual con la excusa de mantener a sus familias y, en consecuencia, ser sometidas a situaciones de explotación. Los cuidadores, los padres, los conocidos cercanos u otros familiares también pueden ser tratantes o formar parte de la red de trata.[15] Los tratantes también pueden coaccionar a las víctimas amenazando la seguridad de sus familiares.[16]

Si bien la dinámica familiar y la participación de la familia pueden aumentar la vulnerabilidad, las familias también pueden desempeñar un papel protector y de apoyo a lo largo de todo el proceso de trata, incluido en la prevención. Por ejemplo, las familias pueden buscar activamente a su familiar desaparecido o denunciar la situación a la policía. Tras la situación de trata, la familia también es fundamental para la recuperación y la reintegración de las víctimas.

Para las víctimas de la trata, la reconciliación con una familia que les brinde apoyo puede ofrecer una protección sustancial para no volver a ser víctimas de TdP durante su proceso de recuperación.[17] Sin embargo, la reconciliación puede requerir medidas de apoyo especiales debido, por ejemplo, a la vergüenza, a dinámicas familiares problemáticas, la complejidad del trauma o la participación directa de la familia en la situación de explotación.[18] La reintegración exige una comprensión profunda del entorno y los factores contextuales a los que regresa la persona, las complejidades de las relaciones familiares y las consecuencias de la situación de TdP en la persona.

El apoyo de las familias al proceso de reintegración puede variar, lo que lo convierte en una dinámica compleja.[19] Cada miembro de la familia puede participar de manera diferente, y sus emociones y respuestas hacia la víctima son variadas y, con frecuencia, contradictorias.[20] Durante la reintegración, la víctima también es vulnerable debido al regreso a un escenario similar al que dio origen al proceso de trata. Esto se agrava si la víctima es estigmatizada por su familia y su comunidad, lo que compromete las redes de apoyo de los (as) sobrevivientes,[21] lo cual es particularmente común cuando se trata de mujeres víctimas de explotación sexual.[22]

Desde hace varios años, los(as) sobrevivientes de TdP en Perú han informado sobre lo esencial que ha sido el apoyo de sus familias desde el rescate hasta la reintegración.[23] En 2018, se aprobó el reglamento del Decreto Legislativo 1297 para evitar la separación de las víctimas de sus familias de origen o proporcionar la protección necesaria para lograr la reintegración familiar.[24] Sin embargo, a menudo se considera a la familia de la víctima responsable de lo sucedido y las autoridades no tienen en cuenta sus necesidades en el proceso de acceso a la justicia.[25] Esto puede provocar una victimización secundaria y hasta trauma a los familiares, causados por sus interacciones con las autoridades durante el proceso judicial. Esta situación puede contribuir posteriormente a las dificultades y al estigma que sufren las víctimas.[26]

Trata de personas en Perú: Elementos estructurales de vulnerabilidad

Las víctimas de TdP en Perú suelen ser mujeres jóvenes de entre 16 y 25 años, principalmente traficadas con fines de explotación sexual.[27] En 2023, el Ministerio Público registró 3179 víctimas de trata, de las cuales el 72% eran mujeres y el 27,4% niñas, niños y adolescentes.[28] Hasta 2018, casi todas las víctimas eran peruanas, pero con el aumento de la migración venezolana y la llegada de organizaciones criminales de otros países latinoamericanos, las víctimas extranjeras han aumentado un 500% desde 2014.[29]

Perú aprobó su legislación contra la TdP—la Ley Nacional 28950 (alineada con el Protocolo de Palermo)—en 2007 y comenzó a denunciar casos y a adoptar diferentes medidas para prevenir y perseguir este delito así como para proteger a las víctimas. Desde entonces, se ha creado un grupo de trabajo multisectorial contra la trata, junto con unidades policiales y fiscalías especializadas; aunque de las 27 regiones del país, solo 14 cuentan con fiscalías especializadas. En el 2024, se asignó un presupuesto limitado, que solo cubre 11 de los 42 servicios que, de acuerdo a la Política Nacional de Acción contra la Trata de Personas, deberían estar operativos para combatir la TdP y apoyar a las víctimas.[30] La Política Nacional, vigente hasta 2030, establece medidas de prevención, protección, enjuiciamiento y reintegración. Sin embargo, esta no incluye a las familias ni a las comunidades en sus objetivos.[31]

Hay varios elementos estructurales en el país que contribuyen a la vulnerabilidad de las personas ante la TdP antes de su captación o explotación. Las desigualdades educativas, por ejemplo, son muy pronunciadas, y muchos factores, como la vida rural, la pobreza y el género, reducen las oportunidades de acceder a la educación primaria.[32] La desigualdad de género, los roles de género, las uniones forzadas y los embarazos forzados limitan el acceso de las mujeres a la educación.[33] Por último, el analfabetismo sigue siendo más alto entre las mujeres y los grupos socioeconómicos más bajos.[34] Además, las mujeres son desproporcionadamente responsables de las tareas domésticas y del cuidado de los hijos.[35]

Otros factores de riesgo son la violencia doméstica, la negligencia emocional y las crisis familiares. Según los estudios, el 63,2 % de las mujeres han sido víctimas de violencia doméstica.[36] Entre los(as) niños(as) y adolescentes, seis de cada diez han sido golpeados en sus hogares, el 70% ha sufrido violencia psicológica y el 35% ha sufrido una o más formas de violencia sexual en sus hogares o por parte de familiares cercanos.[37] La mayoría de las víctimas de trata de personas (TdP) y de otras formas de explotación también han sufrido previamente violencia basada en género (VbG). Estos delitos se enmarcan en un contexto social más amplio de tolerancia hacia la VbG.[38]

Método

Este artículo se basa en una investigación realizada en 2019 y 2020 con 30 víctimas atendidas por CHS Alternativo,[39] sobrevivientes de trata interna con fines de explotación sexual (24) y explotación laboral (6). De las(os) 30 sobrevivientes, 21 eran mujeres adultas, 2 eran hombres adultos y 7 eran mujeres menores de edad. Esta composición refleja la naturaleza de género de la trata en Perú. Además de los(as) sobrevivientes, los investigadores entrevistaron a 10 de sus familiares, entre ellos a 8 madres de víctimas participantes en el estudio, una abuela de una víctima y un padre de una víctima asesinada durante su cautiverio. La mayoría de los familiares (7) tenían estudios primarios o secundarios incompletos y solo tres habían completado la educación secundaria.

Las entrevistas semiestructuradas se realizaron en cinco regiones: Loreto, Puno, Tacna, Lima y Callao, y fueron llevadas a cabo por psicólogas con experiencia en manejo de trauma y en la atención a víctimas de TdP. Además estaban familiarizadas con las herramientas de recopilación de datos y los principios éticos de la investigación, que fueron aprobados por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Las preguntas de la entrevista giraban en torno a las experiencias de los (las) sobrevivientes y sus familiares con el sistema legal desde el momento en que fueron rescatadas o escaparon, hasta su reintegración, y el papel que desempeñaron sus familias durante estos procesos.

En este artículo, analizamos las experiencias de los(as) sobrevivientes en relación con el papel de sus familias en su vivencia antes, durante y después de trata, y analizamos cómo el papel de la familia puede prevenir o contribuir a la vulnerabilidad de la víctima. También analizamos las perspectivas de las familias, esencialmente las madres, que fueron portavoces de las experiencias de sus familias.

El objetivo del estudio fue comprender las necesidades y experiencias de las víctimas y sus familiares en su recorrido por el sistema legal, desde el momento del rescate hasta la reintegración. El enfoque cualitativo permitió profundizar en sus perspectivas y comprender el significado que daban a sus experiencias.[40] Una vez transcritas las entrevistas, se elaboró una matriz para analizar la información, organizándola en áreas temáticas.[41]

Resultados

Los resultados demuestran que la familia desempeña un papel importante en los procesos relacionados con la prevención y la recuperación de las víctimas de trata. Las condiciones socioeconómicas, el funcionamiento familiar y los vínculos existentes dentro del entorno familiar pueden contribuir al rescate y la recuperación tras una situación de trata. A pesar de ello, el sistema suele culpar a los padres y familiares por la experiencia de las víctimas, ignora sus preocupaciones y, en algunos casos, impide la reunificación familiar, lo que conduce a la revictimización del/la sobreviviente y a la victimización secundaria de la familia.

En esta sección se examina cómo las situaciones familiares pueden contribuir a la vulnerabilidad de las víctimas a la TdP, el papel que desempeñan los familiares en el proceso de búsqueda y denuncia durante la situación de explotación, y las interacciones de las familias con el Estado en el proceso de acceso a la justicia.

Factores familiares que contribuyen a la vulnerabilidad

Las investigaciones realizadas en Perú han revelado que la violencia doméstica y la pobreza extrema, a menudo vinculadas con niveles educativos bajos, pueden aumentar la vulnerabilidad a la TdP.[42] Este estudio confirma esto.

Violencia

Ocho de las treinta víctimas (27%) tenían antecedentes de violencia o habían sufrido un episodio de violencia, dentro de la familia o infligida por terceros. El padre, el tío y/o el hermano de cinco víctimas mujeres utilizaron violencia física en el hogar y tres de ellas también fueron víctimas de violencia sexual antes de ser captadas: en un caso, fue el padre quien la violó; en otro, fue el vecino; y en el tercero, fueron los padres quienes explotaron sexualmente a la niña, siendo la tía quien lo denunció y la protegió. Además, tres de las menores entrevistadas fueron violadas (y luego extorsionadas) por sus tratantes, lo que marcaría el comienzo de su explotación.

Estas experiencias fueron diversas y tuvieron diferentes repercusiones en las víctimas y sus familias. Es importante diferenciar entre la violencia ejercida por miembros del núcleo familiar , de la ejercida por miembros de la familia extensa , ya que las acciones de un integrante no convierten a toda la familia en disfuncional.

Esto se refleja en el caso de una participante de la investigación de 14 años, quien se sentía feliz con su familia, pero cuyo primo que se había mudado recientemente a su casa abusó de ella. Luego la amenazó con hacer lo mismo a su hermana pequeña si se lo contaba a alguien y, finalmente, cuando sospechó que había sido descubierto, la secuestró y la retuvo contra su voluntad durante meses, obligándola a mantener relaciones sexuales y a servirle.

Los testimonios muestran que, en algunos casos, fue la violencia la que impulsó a las víctimas a dejar sus hogares, y así incrementó su vulnerabilidad a ser captadas o manipuladas. Por ejemplo, una participante de 12 años que vivía con sus familiares en la casa de su tío, mientras que su mamá trabajaba como trabajadora del hogar, fue psicológica y físicamente abusada por su tío, hasta que escapó. Ella explica:

Un día que mi tío se molestó, me agarró a la fuerza y con sus tijeras me cortó el pelo. Yo gritaba... Allí es que decidí escaparme.

Posteriormente, fue capturada por tratantes cuando viajaba en un autobús.

Algunas de las víctimas que sufrieron violencia antes de la situación de trata regresaron con sus familias, donde en la mayoría de los casos, la familia había cortado los lazos con el agresor; en unos pocos casos en que esto no ocurrió, la víctima pudo protegerse y cambiar la dinámica. Otras cuatro sobrevivientes que sufrieron violencia por parte de un familiar cercano no regresaron a sus hogares.

Desventajas económicas y necesidades

Los tratantes suelen aprovecharse de las necesidades económicas de las víctimas y explotar su deseo de apoyar económicamente a sus familias.[43] El bajo nivel educativo de la mayoría de los participantes (21 de 30 con estudios incompletos en el momento de su captura) los expone a un mayor riesgo debido a la falta de información y a la necesidad económica de continuar sus estudios. Nueve participantes (30%) fueron engañados por los tratantes porque querían generar ingresos para mantener a sus familias. Tres de las seis víctimas que fueron objeto de TdP con fines de explotación laboral también expresaron su deseo de ayudar a la familia y fueron captadas por un miembro de la familia extensa. En otro caso, una joven que pretendía mantener económicamente a sus padres aceptó un trabajo que le ofreció una tía y viajó a una zona minera, donde fue explotada. Semanas más tarde, fue asesinada por los tratantes y, aunque la investigación sigue en curso,[44] parece que la familia política estaba involucrada con éstos.

La intersección entre la violencia doméstica y las dificultades económicas dentro de las familias aumenta significativamente la vulnerabilidad a la trata, como lo demuestran los testimonios de las víctimas y las tácticas manipuladoras empleadas por los tratantes que se aprovechan de estos factores.

Los familiares en el proceso de búsqueda y denuncia

De las treinta víctimas, 23 (excluyendo a las 7 que fueron explotadas directamente o sufrieron violencia por parte de sus padres) mencionan a sus familias como fundamentales en sus procesos de escape y/o retorno. Para las familias, el proceso de acceso a la justicia suele comenzar cuando denuncian la desaparición de un miembro de la familia, momento en el que esperan recibir ayuda inmediata de las autoridades.

9 de las 10 familias entrevistadas compartieron que denunciaron, iniciaron la búsqueda o pidieron ayuda tan pronto como se dieron cuenta de que su familiar estaba siendo explotado. En los casos de víctimas que fueron explotadas mientras aún vivían en sus hogares, fue más difícil detectarlo. Algunas víctimas dijeron que sus familiares no eran conscientes de su situación y, a menudo, solo se enteraban de la explotación una vez que eran rescatadas o escapaban, lo que podía provocar retrasos en la denuncia.

Uno de los padres mencionó que solo se dieron cuenta de que algo le había sucedido a su hija cuando su tía les dijo que había desaparecido. La familia salió inmediatamente a buscarla, pero finalmente la encontraron muerta. Más tarde se descubrió que la tía era la tratante.

Otra víctima, una menor de una comunidad remota de la selva, fue engañada por un hombre que le hizo una falsa oferta de trabajo y la llevó a ella y a su hijo a otra ciudad, donde la explotó sexualmente. Su padre comenzó a buscarla a través de la radio donde trabajaba, denunciando su desaparición. Cuando ella logra escapar, lo llamó para pedirle ayuda:

… voy a un teléfono público y marco su número de mi papá […] y le digo que era una gran mentira de que yo estoy bien y todo no? Y le empiezo a contar todo lo que yo estaba pasando, de lo que me llevan, me utilizan para esto y que cuando quería irme, me querían golpear… […] mi familia al tomar conocimiento de lo que yo estaba viviendo ya se comunicaron con la policía…

Los familiares suelen persistir en su búsqueda, interactuando con las autoridades y convirtiéndose en actores clave en los esfuerzos de rescate. El ciclo de angustia, dolor y soledad se ve agravado por la incertidumbre, ya que las familias se sienten impotentes debido a la falta de una respuesta informada en el trauma y a la pasividad de las autoridades. Por ejemplo, el padre de una víctima acudió inmediatamente a la policía para presentar una denuncia, pero la policía lo responsabilizó a él y a su esposa por dejar ir a su hija y les advirtió que en ‘ese’ lugar no hay oportunidades de trabajo, sino solo TdP.

Cinco familiares entrevistados consideraron que la policía no les había ayudado; una madre expresó ambivalencia y solo tres se sintieron apoyados. Seis se sintieron maltratados y denunciaron que la policía cuestionó la desaparición de su hija e incluso insinuó que ella quería marcharse de casa, probablemente con su pareja. Los participantes denunciaron haber sido objeto de recriminaciones y victimización por parte de las autoridades, ya que estas los culparon a ellos o a sus familias, por ejemplo, al dar por sentada la existencia de una relación estrecha entre la víctima y el explotador. Los siguientes testimonios de las madres reflejan esta situación:

No es fácil como uno va y pone denuncia. No, no te tratan así bien, te falta más atención, ¿no? ‘No que su hija es…los jóvenes son así, señora, se van a lo malo ahora’. […] El policía que te deja sentada dos horas, tres horas y no te trata bien.

‘…pero ¿qué hacemos señora?, de repente se ha ido con su pareja, con su enamorado y usted está pensando mal’… […] Claro, como no son sus hijos, ¿no? […] Comencé a buscar a mi hija, no tuve ayuda policial, […] y el trabajo lo hice yo, porque fui yo la que comencé a investigar, a indagar, hasta encontrar a mi hija.

Una niña de 14 años fue rescatada gracias a la intervención de sus padres. Su madre fue maltratada y desacreditada repetidamente por las autoridades. La familia presentó múltiples denuncias por su desaparición y buscó ayuda durante meses, pero fueron ignorados, a pesar de que la hija estaba siendo extorsionada y explotada sexualmente. Finalmente, la policía responsabilizó a la familia y la procesó por negligencia hacia su hija. Además, el acusado, responsable del secuestro, retención, violación y explotación sexual, culpó a la familia de maltratar a su hija y afirmó que él solo la estaba acogiendo en su casa. El intento de la familia por encontrar a su hija terminó por criminalizarlos:

Bueno, no fue una ayuda cuando los policías me denunciaron ante la Fiscalía del distrito por abandono de mi hija, y de que yo era una mala madre y mi esposo igual. Y ellos [trabajadores sociales], le dijeron [a la hija] que si ella… que si nosotros supuestamente no estábamos aptos para ser sus papás, ella se iba a un albergue […]

Al iniciar la búsqueda de sus familiares, las familias se enfrentan a la culpabilización de la víctima e indiferencia de las autoridades. Además de sentirse maltratados, son acusados de negligencia y no reciben el apoyo esperado.

Nuevas formas de captación

El incremento en el uso de las redes sociales y las nuevas tecnologías de la información y la comunicación plantean retos para las familias, ya que los niños pueden ser explotados sexualmente mientras están en casa. Cuatro víctimas de este estudio fueron extorsionadas y obligadas a mantener relaciones sexuales bajo amenaza mientras aún vivían en casa. Aunque no se produce el desplazamiento de la víctima, esta es coaccionada y sometida por sus explotadores, por temor a que sus seres queridos sufran represalias.

A pesar de la dificultad para identificar este tipo de explotación, las familias siguen siendo fundamentales para detectar cambios de comportamiento en sus hijos. Cuatro madres informaron que sus hijas se aislaron, mostraban inestabilidad emocional, ansiedad y se ausentaban de forma inesperada. Buscaron el diálogo y pidieron ayuda a profesionales (psicólogos del Estado o escolares), pero les dijeron que se trataba de comportamientos típicos de la adolescencia. Estas menores estaban siendo extorsionadas y dos de ellas fueron posteriormente secuestradas. En varios casos, se trata de familias preocupadas, aparentemente bien constituidas, que temen por sus hijos y sufren con ellos.

Tuvo un cambio drástico, notorio. Psicológicamente la veía mal: lloraba, no dormía. Como tengo una hija que duerme con ella, también me decía que su hermana toda la noche lloraba […] El día que sucedieron los hechos, mi hija se desapareció muchas horas y por ahí empezó todo.

Siempre una mamá siente una corazonada, ¿no? Entonces, yo […] le comencé a preguntar qué es lo que está pasando. Me iba de frente al colegio, la seguía al colegio o la dejaba al colegio. Le preguntaba ‘¿Qué te pasa?, ¿qué te pasa?, ¿qué es lo que tienes?’

El momento en que las víctimas logran escapar o son rescatadas, o en el que la familia toma conciencia de que su familiar está siendo explotado, debiera marcar el inicio de la restitución de derechos (incluida la reparación).

Experiencias de las familias en el acceso a la justicia y la reintegración

Una vez identificada la víctima, comienza una nueva etapa en la que la presencia y la participación de la familia varían. Al igual que Surtees,[45] descubrimos que la implicación, la experiencia emocional y la comprensión de las circunstancias son particulares de cada miembro de la familia y dependen del contexto. Aparte de las familias involucradas con los tratantes, las familias del entorno inmediato de los supervivientes suelen sentirse aliviadas por su regreso, pero esto no excluye la presencia de emociones encontradas. Estos sentimientos incluyen la culpa por no haber protegido a la víctima; la ira y el deseo de que el culpable pague por lo que hizo; el miedo al sufrimiento y al impacto emocional de la experiencia de la TdP que afecta tanto a la víctima como a ellos mismos; y el miedo a que la situación se repita o a que los tratantes lleven a cabo sus amenazas.

Experiencias de separación y reunificación

Tras la situación de trata, se espera que las víctimas tomen decisiones sobre su futuro inmediato, como la participación en el proceso judicial y la voluntad de regresar con su familia. Después de una situación de trata, las víctimas, especialmente los menores, son alojadas temporalmente en un refugio durante las actuaciones preliminares. En este estudio, solo doce víctimas (40%) consideraron que pudieron participar de la decisión de regresar con sus familias. Del mismo modo, solo se consultó a cuatro madres sobre si sus hijas debían ser acogidas en un refugio (en cuatro casos, ellas estaban involucradas en el abuso, por lo que no pudieron participar en la decisión). Quince sobrevivientes fueron acogidas en un centro de acogida especializado (en el caso de las menores) o en un refugio temporal (en el caso de las adultas). Algunas no sabían que tendrían que permanecer allí durante años:

Yo me sentí sola, no tenía nadie que me ayude, que venga a verme […] yo veía que vienen a visitar a las chicas y pensaba ‘pucha yo nunca voy a tener una visita, no sé cuándo iré a salir de acá.’ Yo decía ´me quedaré hasta cuándo?… no sabía que a los 18 salías de ahí, no sabía nada…

yo pedí que quería ver a mi mamá ni bien llegara quería verla y no me dejaron verla. Me mandaron de frente allá y tampoco me dijeron que iba a ir a una casa, o sea me dijeron que yo iba a ir [un albergue], pero no me dijeron que iba a ir a una casa hogar donde es permanente […], que te puedes quedar meses, años.

La política peruana contra la trata de personas da prioridad al interés superior del niño y a la relación con la familia. De conformidad con el Decreto Legislativo 1297, la Unidad de Protección Especial para Niños, Niñas y Adolescentes (UPE), dependiente del Ministerio de la Mujer, es responsable de determinar si la familia de la víctima está involucrada en la explotación o puede cuidar de ella. Sin embargo, existe una tendencia a criminalizar a los padres. Si la desaparición de un niño no se denuncia inmediatamente, esto puede interpretarse como una falta de interés o, peor aún, como un indicio de que los padres forman parte de la estructura de explotación. Los funcionarios del Gobierno tienden a suponer que la familia conoce o está involucrada en la situación de trata y que puede obtener o no un beneficio económico. Sin embargo, los familiares pueden no denunciar por diversas razones, entre ellas la falta de información, de recursos económicos o de conciencia sobre la situación de trata.

Las UPE llevan a cabo una evaluación de riesgos en la que la TdP se entiende normalmente como parte de la incapacidad de la familia para proteger a su familiar. Pueden imponer una medida de protección que implique la separación temporal de la familia, complementada con apoyo especializado. Aunque el Decreto Legislativo 1297 tiene por objeto evitar la separación de los niños de sus familias, no parece cumplir este objetivo.

Como resultado, la sensación de maltrato e impotencia suele persistir cuando los padres encuentran a sus hijos, solo para sentir que los «pierden» de nuevo porque las autoridades los acogen para «protegerlos» de sus padres. Cinco de las ocho madres sentían que habían estado separadas de sus hijas durante largos periodos de tiempo. Un claro ejemplo de ello fue el caso de una niña de 13 años, que fue acogida porque el Estado concluyó que, al no denunciar su desaparición, su madre estaba demostrando desinterés e incapacidad. Su madre era trabajadora doméstica, no había terminado la escuela primaria, no tenía dinero para responder a las solicitudes del Estado y desconocía sus derechos. No denunció la desaparición de su hija porque no sabía cómo hacerlo y temía perder su trabajo (su jefe le negó el permiso para ir a presentar la denuncia). Después de dejar su trabajo y reunir el dinero necesario para viajar y recoger a su hija, se le informó de que debía regresar a su ciudad natal para obtener más documentos y no se le permitió ver a su hija. No solo se le informó mal, sino que su hija fue trasladada a cuatro centros de acogida diferentes y la madre no supo dónde estaba durante más de un año. Se vieron por primera vez un año y medio después y, a pesar de los esfuerzos de la madre, tardó tres años en traer a su hija a casa. Durante el proceso, fue maltratada por varios funcionarios.

Sí quería verla, pero no me dejaban [personal del albergue], me gritaban, me decían, ‘Usted no tiene que entrar a verla acá’, ‘Porque recién ahora se preocupa’, me decían. Ya no dije nada, tenía que agachar la cabeza.

La madre de otra niña aceptó el acogimiento de su hija porque necesitaba cuidados especiales, pero a pesar de su compromiso y preocupación, mantener el contacto fue difícil:

No tuve contacto. De ahí la llevaron a otro albergue. Yo exigía verla. […] Ya con tanta exigencia ya me hicieron verla…

A la hora de evaluar las medidas de protección de las víctimas, se debe tener en cuenta el entorno familiar, el grado de conocimiento e información de los familiares, las consecuencias psicológicas que puede tener para la víctima una separación prolongada o su capacidad de tomar decisiones. Parece que estos factores no se tienen en cuenta a la hora de evaluar la capacidad de las familias para cuidar de sus hijos.

Acceso a la justicia

El bajo nivel socioeconómico y la falta de educación de los familiares pueden influir en las decisiones de los funcionarios estatales respecto a su capacidad para proteger a sus parientes. Una de las mayores dificultades para las familias de las víctimas es la gran cantidad de trámites burocráticos necesarios para avanzar en los procesos judiciales. A menudo, se trata de familias con recursos limitados que hacen grandes sacrificios e incluso se endeudan para cumplir con los procedimientos legales.

Yo sola he gastado mi pasaje, yo sola he buscado, he venido hasta acá, […] a ver quién me presta [dinero] para llevarla al médico legista […] buscando ese doctor, esperando en una puertita. Y nunca vino el doctor.

Una familia pasó más de cuatro años buscando justicia para su hija, que fue asesinada mientras era víctima de TdP. Los padres no habían terminado la escuela primaria, pero su hijo les ayudó a continuar con el proceso. Perdieron su casa para pagar el proceso legal y fueron constantemente amenazados por los presuntos tratantes.

Pedimos justicia, pero como somos pobres, no hay justicia. (…) Aunque sea cadena perpetua. (…) ¡Matan y encima insultan! Eses hombre está libre… su hija estudia en una escuela pública… y ellos han matado a mi hija. ¡Que lo castiguen para siempre!

La falta de conciencia de los padres sobre la situación de sus hijos(as) podría ser motivo de preocupación, pero esto no justifica el maltrato ni la descalificación. Por el contrario, pone de relieve la necesidad de mejorar las habilidades para manejar situaciones complejas y desarrollar competencias preventivas. Es necesario un modelo de apoyo para las familias en el proceso de reintegración.[46]

Las familias de las víctimas de trata suelen sentirse juzgadas y tratadas como receptoras pasivas de las decisiones de las autoridades, producto de los prejuicios y el estigma asociados con el entorno familiar de la víctima.[47] Las autoridades suelen responsabilizarlas de la situación de la víctima y las relacionan con la vulnerabilidad, la falta de protección y la violencia sufrida por ésta. Esto influye en la actitud de los funcionarios y puede afectar a la reunificación de las víctimas con sus familias. Los funcionarios parecen tener en mente una «familia ideal» que puede proteger a los niños de circunstancias violentas. Es esencial comprender que las familias de las víctimas son diversas y tienen diferentes emociones y necesidades.

Trauma y el ciclo de la revictimización

Se genera un proceso de victimización y revictimización tanto de las víctimas como de sus familias, que comienza culpando a los padres y demás integrantes de la familia. Las recriminaciones y la discriminación impactan negativamente en los derechos de las víctimas y en su proceso de recuperación. Varias familias han estado expuestas a conductas inapropiados por parte de funcionarios públicos, quienes que emitieron comentarios despectivos o formularon acusaciones. Por ejemplo, una víctima declaró:

…[el policía] dijo [a ella y a sus padres] que nosotras estamos ya acostumbradas con eso [ser forzadas a tener sexo con hombres]. […] Otra vez le dijo a mi papá que hay chicas que tienen la culpa porque saben en qué se meten…

Esta culpabilización y revictimización pueden agravar el trastorno de estrés postraumático de las víctimas.

Una participante narró cómo, cuando logró escapar con la ayuda de sus padres y todos juntos fueron a denunciar el caso, la policía cuestionó el secuestro y la explotación:

…’ ¿Pero cómo saben que es la culpa del señor? Seguro esa chica le ha provocado’. O sea ¿Cómo le dicen eso a mi mamá? Mi mamá se sintió mal, […], ¿no? […] Yo también me sentí mal .Y estaban todos atrás, escuchando todo lo que yo decía. [en Cámara Gesell][48]

Como demuestran estas citas, las familias pueden enfrentarse a una falta de credibilidad porque las víctimas son mujeres jóvenes. Existe la suposición recurrente entre algunos funcionarios judiciales de que las mujeres se van voluntariamente con sus parejas. Esto evidencia un sesgo de género, ya que se tiende a culpar a las madres —a los padres también, aunque con menor frecuencia— por no cuidar adecuadamente a sus hijas y responsabilizarlas de la desaparición y explotación de sus hijos.

Las(os) sobrevivientes perciben que se las maltrata y que tienen poca credibilidad, sintiéndose revictimizadas.

Fue como un insulto y una burla hacia mí porque yo le repetía que no es mi pareja y que él me tuvo secuestrada. Igual en el papel lo registraron como si fuera mi pareja. Para mí fue muy doloroso…

Los participantes esperan que el sistema judicial responda a sus demandas y los trate con respeto, y cuestionan la falta de empatía y la escasa ayuda que reciben. Esto se ve agravado por las malas prácticas y las intervenciones revictimizantes, no solo hacia las víctimas, sino también hacia sus madres.

No me gustó la manera como me trató [el policía] … me preguntó si había tenido sexo anal, sexo oral… y para mí resultó doloroso […] el tono que él usó no me gustó. Yo lo sentí como burla, ¿no?

La revictimización se exacerba cuando el nivel educativo de los padres es bajo o cuando desconocen las leyes y los mecanismos de protección a los que tienen derecho. Las familias sienten frustración cuando no reciben la ayuda esperada de las autoridades, reflejada en su pasividad, inacción e indiferencia. A esto se suman las largas esperas, los retrasos y los procesos tortuosos , que generan desconfianza y malestar.

[…] No creo en la justicia, porque la justicia más se basa ahora en creer a los agresores que a las víctimas. Y no hay justicia, no les interesa el dolor de la gente…

Todas las familias entrevistadas (al igual que las víctimas) esperan que se haga justicia. Su motivación para seguir colaborando con las autoridades es el miedo a que los tratantes o explotadores sigan libres y puedan hacerles daño nuevamente, y la convicción de que éstos deben pagar por sus delitos:

Para mí, justicia es que pague por todo el daño que ha hecho, no solamente a mi hija, le hizo daño a toda mi familia, porque al meterse con mi hija lo hizo con todos nosotros.

Muchos familiares experimentan una falta de escucha, colaboración y apoyo en el largo y costoso camino de acceso a la justicia, y se sintieron victimizados por su duración y burocracia. Muchas mujeres víctimas y sus madres se sienten maltratadas por los funcionarios judiciales hombres. Sin embargo, aunque a menudo se sienten más cómodas con las funcionarias, también denuncian casos de maltrato y falta de empatía por parte de las mujeres.

Resulta evidente que los familiares también se ven afectados por las experiencias traumáticas sufridas por sus parientes víctimas de trata. Hay familiares que han perdido sus trabajos por pasar largos períodos de tiempo siguiendo el rastro de sus hijos desaparecidos, incluso mudándose a otras ciudades con consecuencias desestabilizadoras. El impacto en los familiares podría clasificarse como trauma secundario o vicario, ya que se ven indirectamente impactados por las experiencias de violencia vividas tanto durante como después de la situación de explotación.

Diez de los(as) sobrevivientes entrevistados(as) recibieron amenazas de los tratantes para que retiraran la denuncia. Las víctimas eran el objetivo principal, pero también se planteaba la posibilidad de dañar a los familiares. Esto demuestra la importancia de que las familias reciban apoyo del Estado. Solo un participante informó de que el Estado proporcionaba apoyo psicológico. La mayoría no lo recibió, o fue muy limitado. Una madre lo expresó sin rodeos:

El Estado no me dio ni un psiquiatra, el Estado no le dio a mi hija ningún remedio, nada…

Importancia de la familia al retorno

Varias víctimas señalaron que sus madres y familias desempeñaron un rol clave tras su retorno y subrayaron la importancia del acompañamiento y afecto recibidos.

Pensé que en mi casa ya no me iban a recibir, que me iban a dejar a un lado […] cuando en verdad […] todos me apoyaron, me brindaron un apoyo que cualquier persona necesitaría en ese momento y […] me sentí más segura, que podía hablar, que podía avanzar con el caso.

El apoyo de mi mamá. Y mi papá, que es lo más importante, siempre estaba ahí, siempre estaba conmigo…

El apoyo y la participación de la familia en la reintegración son fundamentales para el bienestar de la víctima.[49] Reunirse con la familia también significa reajustar y reparar los lazos familiares y encontrar consuelo tras el trauma sufrido.[50] Sin idealizar a las familias ni ignorar su posible participación o complicidad, debemos reconocer que pueden servir de refugio para los sobrevivientes.

fue un reencuentro triste, pero feliz para mí porque los volví a ver […] No fue nada fácil, […] pero siempre dependía de mi mamá porque estaba muy asustada.

La reintegración con sus familias o con una familia sustituta requiere de un proceso de adaptación, como se observa en esta joven de 14 años:

Al principio extraña […] porque extrañaba el hogar. Extrañaba la bulla de las chicas, los chistes, las bromas y todo. […] Decía ´por fin estoy en casa, tranquila´, pero me ponía a llorar […] luego ya normal, me fui adaptando.

Algunas víctimas regresan a un entorno similar al que dio lugar a su situación de trata o explotación. En suma, a las mismas vulnerabilidades sociales, económicas o personales. Por ejemplo, una niña compartió cómo se sintió al regresar a casa, donde aún vivía su tío abusivo, quien la había impulsado a escapar años antes. Pasó tres años en un albergue, tiempo durante el cual su madre no pudo encontrar los recursos económicos para mudarse a otro lugar y el Estado no le ofreció ninguna alternativa.

Llegué acá, me sentía feliz, fui abracé a mis hermanitos, me puse a llorar; eran muchos sentimientos encontrados, de verdad […] estoy bien con mi mamá, estoy bien con mis hermanitos no me hace falta otra cosa. No me importa si el (el tío) me mira mal o me dice por qué me has denunciado […]

La situación es aún más compleja cuando la víctima es estigmatizada por la familia extensa o por la comunidad.

…antes yo me sentía mal porque mi mamá se sentía mal por los comentarios que otros hacían […] de mis tíos, de mis tías, ellos comentaban : ‘ay que tu hija es así, así’ y mi mamá a veces no me hablaba y a mí me ponía mal eso.

Así, los familiares con frecuencia proveen entornos protectores para los(as) sobrevivientes. Pueden apoyar en su proceso de recuperación y facilitar su reintegración tanto en la familia como en la comunidad en general. Sin embargo, también pueden contribuir a la revictimización, lo que pone de relieve la necesidad fundamental de que las familias reciban asesoramiento.

Conclusiones

Este artículo exploró cómo el entorno familiar puede contribuir a la vulnerabilidad frente a la TdP, así como las necesidades y experiencias de los familiares durante y después de la situación de trata. Demostró los retos a los que se enfrentan las familias en su desesperación por encontrar a sus hijos(as) desaparecidos(as), al tiempo que hacen frente a las consecuencias legales y emocionales de sus hijos(as) sobrevivientes. También reveló que las víctimas y sus familias desconfían del sistema de justicia penal y, por extensión, del Estado, debido al maltrato y la falta de orientación desde el momento en que se recibe la denuncia hasta la conclusión del proceso penal.

Sin idealizar a las familias ni negar que hay familias que explotan o son cómplices de los abusos, el Estado debe adoptar un enfoque diferente y reconocer la importancia de las familias de las víctimas en su recuperación. Comprender el complejo papel de la familia en la reintegración de las víctimas es fundamental para mejorar la calidad de la inclusión social.

Es necesario incluir la perspectiva de las familias de las víctimas de TdP en la investigación, ya que sus experiencias suelen ignorarse. Los sobrevivientes y sus familias se enfrentan a retos diarios y a dificultades para acceder a los servicios médicos y psicológicos, que deberían ser proporcionados por el Estado. Un enfoque centrado en la familia debería formar parte de los principios que se deben tener en cuenta en la Política Nacional contra la Trata de Personas.

La investigación sobre el perfil de las familias de las víctimas de la trata es fundamental para comprender mejor sus dificultades. Por ejemplo, es importante reconocer que un padre ausente no significa necesariamente que una familia sea disfuncional, ni que la presencia de un familiar violento convierta a toda la familia en un entorno inadecuado para los niños. La idea de una familia ideal es una representación imaginaria que debe que debe ser aterrizada para evitar sesgos y prejuicios.

Los familiares entrevistados recomiendan, entre otras cosas, mejorar la calidad de la atención prestada por los profesionales en los albergues, lograr una mayor eficiencia en la identificación de zonas y actividades de alto riesgo para una mejor prevención , incrementar la proactividad de la policía en la investigación de los casos y fortalecer la colaboración entre las ONG y las instituciones del Estado.

Los contextos de violencia, los bajos niveles educativos, el desconocimiento de sus derechos y los limitados recursos económicos son factores que exacerban la vulnerabilidad de las familias. Estas condiciones también obstaculizan su capacidad de actuar o exigir respuestas adecuadas a las autoridades, siendo a menudo revictimizadas, ya sea mediante malos tratos o la exclusión de la toma de decisiones. . Se requiere un cambio de paradigma en la atención a las poblaciones en riesgo con recursos limitados para protegerse . Es fundamental que el diseño de las políticas públicas incorpore iniciativas relacionadas con la educación y la violencia.

El Estado debe ir más allá del establecimiento de normas y protocolos, y asignar también recursos humanos y financieros adecuados para prevenir la trata y proporcionar una atención integral a las víctimas y sus familias. Esto debería incluir la inversión en educación (incluida la educación universitaria) y la especialización y formación de los funcionarios de justicia y de los servicios, garantizando que las perspectivas de género y su relación con la prevención de la violencia se incorporen activamente en los planes de formación. Además, es esencial seguir investigando estos factores para adaptar eficazmente las estrategias de prevención.

Andrea Querol es presidenta del Consejo Directivo de la ONG CHS Alternativo e investigadora. Correo electrónico: aquerol@chsalternativo.org.

Antonia Lerner es investigadora de la ONG CHS Alternativo. Correo electrónico: alerner@chsalternativo.org.

Notes:

[1]      Nota de las traductoras. Este artículo fue originalmente presentado y aceptado en inglés en la revista Anti-Trafficking Review. La presente versión en español corresponde a una traducción realizada por Andrea Querol y Antonia Lerner y tiene únicamente fines de difusión. No constituye un manuscrito independiente revisado por pares en español. Por tanto, pueden existir pequeñas diferencias entre esta versión y la versión publicada en inglés.

[2]      J Greenbaum, ‘Introduction to Human Trafficking: Who Is Affected?’, en M Chisolm-Straker y H Stoklosa (eds)., Human Trafficking is a Public Health Issue, Springer, Cham, 2017, pp. 1-14; J Greenbaum et al., ‘Multi-level prevention of human trafficking: The role of health care professionals’, Preventive Medicine, edición 114, 2018, pp. 164-167, https://doi.org/10.1016/j.ypmed.2018.07.006; K Marburger y S Pickover, ‘A Comprehensive Perspective on Treating Victims of Human Trafficking’, The Professional Counselor, vol. 10, ed. 1, 2020, pp. 13-24, https://doi.org/10.15241/km.10.1.13; R Surtees, After Trafficking: Experiences y Challenges in the (Re)integration of Trafficked Persons in the Greater Mekong Sub-region, UNIAP/NEXUS Institute, Bangkok, 2013, p. 193.

[3]      A Querol, El intento de las víctimas y sus familias por acceder a la justicia: Trata de personas, violencia y explotación: 40 testimonios, CHS Alternativo, Lima, 2020.

[4]      Greenbaum; Marburger y Pickover.

[5]      Ibid.; A Pascual-Leone, J Kim, y O P Morrison, ‘Working with Victims of Human Trafficking’, J Contemp Psychother, ed. 47, 2017, pp. 51-59, https://doi.org/10.1007/s10879-016-9338-3.

[6]      Marburger y Pickover; L A McCarthy, ‘Life after trafficking in Azerbaijan: Reintegration experiences of survivors’, Anti-Trafficking Review, ed. 10, 2018, pp. 105–122, https://doi.org/10.14197/atr.201218107; N M Twigg, ‘Comprehensive care model for sex trafficking survivors’, Journal of Nursing Scholarship, vol. 49, ed. 3, 2017, pp. 259–266, https://doi.org/10.1111/jnu.12285.

[7]      La Agencia de la ONU para los Regfugiados [ACNUR], Brasilia Rules about Access to Justice for Persons in a Condition of Vulnerability, 2008. Nos referimos al ‘acceso a la justicia’ como un derecho fundamental que va más allá de los procedimientos legales, tal como ha sido reconocido y desarrollado por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ver: H Ahrens, F Rojas Aravena, yJ C Sainz Borgo (eds.), El acceso a la justicia en América Latina: Retos y desafíos, Universidad para la Paz, San José de Costa Rica, 2015; A Cançado Trindade, El derecho de acceso a la justicia en su amplia dimensión, Librotecnia, Santiago de Chile, 2012.

[8]      CHS Alternativo, Testimonios de las sobrevivientes de trata de personas. Brecha entre las necesidades de atención y los servicios recibidos después del rescate, CHS Alternativo, Lima, 2015; A Querol, Más allá del rescate de las víctimas. Trata de personas: buenas y malas prácticas en la protección de sus derechos, 1a ed., CHS Alternativo, Lima, 2013; A Querol, Rescate, Atención y reintegración. Buenas y malas prácticas en la atención a víctimas de trata de personas 2013-2017, CHS Alternativo, Lima, 2019.

[9]      Instituto Nacional de Estadística e Informática [INEI], Perú. Tipos y ciclos de vida de los hogares, 2007, INEI, Lima, 2010; IPSOS, El hogar peruano 2021, 10 December 2021.

[10]    U Torrado, ‘Nueva dinámica en las familias peruanas’, DATUM, Lima; U Torrado y C Pennano, Familias Peruanas. Más familias de las que imaginas, Fondo Editorial Universidad del Pacífico, Lima, 2020; C A Ramos, ‘La idea de familia en el código civil peruano’, Themis, 1994, pp. 97-107.

[11]    I Arriagada, Familias latinoamericanas. Diagnóstico y políticas públicas en los inicios del nuevo siglo, CEPAL, Chile, 2001.

[12]    R Castro, R Rivera, y R Seperak, ‘Impacto de composición familiar en los niveles de pobreza de Perú’, Cultura-Hombre-Sociedad, vol. 27, ed. 2, 2017, pp. 69-88, https://doi.org/10.7770/cuhso-v27n2-art1229.

[13]    F Torche, ‘Intergenerational Mobility and Inequality: The Latin American Case’, Annual Review of Sociology, vol. 40, 2014, pp. 619-642, https://doi.org/10.1146/annurev-soc-071811-145521.

[14]    R Morán, T Castañeda, y E Aldaz-Carroll, ‘Family Background and Intergenerational Poverty’ en R Morán (ed.), Latin America, Escaping the Poverty Trap: Investing in children in Latin America, Inter-American Development Bank, 2003, pp. 15-58.

[15]    J Greenbaum et al., ‘Global Human Trafficking and Child Victimization’, Pediatrics, vol. 140, ed. 6, 2017,https://doi.org/10.1542/peds.2017-3138; Greenbaum; Marburger y Pickover.

[16]    Greenbaum; Pascual-Leone, Kim y Morrison.

[17]    Marburger y Pickover; McCarthy; Twigg.

[18]    P D Le, ‘”Reconstructing a sense of self”: Trauma and coping among returned women survivors of human trafficking in Vietnam’, Qualitative Health Research, ed. 27, 2017, pp. 509–519, https://doi.org/10.1177/1049732316646157; K Juabsamai y I Taylor, ‘Family Separation, Reunification, and Intergenerational Trauma in the Aftermath of Human Trafficking in the United States’, Anti-Trafficking Review, ed. 10, 2018, pp. 123–138, https://doi.org/10.14197/atr.201218108.

[19]    R Surtees, Moving On. Family and Community Reintegration Among Indonesian Trafficking Victims, NEXUS Institute, Washington D.C., 2017.

[20]    R Surtees, Stages of recovery and reintegration of trafficking victims. A reintegration guide for practitioners, Different and Equal (D&E) y NEXUS Institute, Washington D.C., 2022.

[21]    E Paasche, M-L Skilbrei y S Plambech, ’Vulnerable Here or There? Examining the Vulnerability of Victims of Human Trafficking before and After Return’, Anti-Trafficking Review, ed. 10, 2018, pp. 34-51, https://doi.org/10.14197/atr.201218103.

[22]    C Blanco y C Marinelli, ‘Víctimas de trata de personas versus migrantes en situación irregular. Retos y lineamientos para la atención y protección de las víctimas de trata de personas extranjeras en el Perú’, Revista de La Facultad de Derecho PUCP, ed. 78, 2017, pp. 173-198, https://doi.org/10.18800/derechopucp.201701.007.

[23]    A Querol Lipcovich, Testimonios de las sobrevivientes de trata de personas: Brecha entre las necesidades de atención y los servicios recibidos después del rescate (2ª ed.), CHS Alternativo, Lima, 2015.

[24]    MIMP, Reglamento del Decreto Legislativo N.º 1297 ‘Decreto Legislativo para la Protección de las niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos’, 2019.

[25]    Querol, El intento.

[26]    MIMP, Problemática de la explotación sexual contra niñas, niños y adolescentes. En las cuencas de los ríos Napo, Morona y Putumayo en las regiones de Loreto y Puno, en el período (2014-2015), MIMP, Lima, 2017.

[27]    Instituto Nacional de Estadística e Informática [INEI], Estadísticas de Seguridad Ciudadana Nº2, 2020.

[28]    Ministerio Público Fiscalía de la Nación información recopilada de las 14 fiscalías especializadas en trata de personas, solicitada en junio de 2024.

[29]    Ibid.

[30]    CHS Alternativo, IX Informe Alternativo, CHS Alternativo, Lima, 2024.

[31]    MININTER, Política Nacional frente a la Trata de Personas y sus formas de explotación – Versión Amigable, 1a Edición, MININTER, Lima, 2021.

[32]    A Sánchez, ‘Trayectorias educativas a lo largo del ciclo de vida: el rol de la pobreza, el área de residencia y las brechas de género’, en M Balarin, S Cueto, y R Fort (eds.), El Perú pendiente: ensayos para un desarrollo con bienestar, GRADE, Lima, 2022, pp. 179-202.

[33]    Plan Internacional, ‘Brecha de educación en el Perú: esta es la población más afectada’, 22 Junio 2022.

[34]    INEI, Perú: Indicadores de Educación, según departamento, 2012-2022, INEI, Lima, 2023.

[35]    Pulso PUCP, ‘Familia y roles de género en el Perú’, Pulso PUCP, 3 Agosto 2023, https://pulso.pucp.edu.pe/reportes-estadisticos/familia-y-roles-de-genero-en-el-peru.

[36]    INEI, ‘63 de cada 100 mujeres de 15 a 49 años de edad fue víctima de violencia familiar alguna vez en su vida por parte del esposo o compañero’, INEI, N.º 216, 25 Noviembre 2019.

[37]    UNICEF, ‘Cifras de la violencia hacia los niños, niñas y adolescentes en el Perú’, 2019.

[38]    A Querol, ‘Buscando Justicia’; Defensoría del Pueblo, Balance sobre la política pública contra la violencia hacia las mujeres en el Perú (2015-2020), Serie de Informes Defensoriales – Informe nº 186, Defensoría del Pueblo, Lima, 2021.

[39]    Desde 2005, CHS Alternativo cuenta con un centro de apoyo para víctimas de la trata y sus familias, que ofrece orientación y asistencia jurídica y psicológica en los procesos de denuncia, búsqueda, acceso a la justicia y reintegración.

[40]    J Creswell Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches, SAGE Publications, London, 2013.

[41]    V Braun y V Clark, ‘Using thematic analysis in psychology’, Qualitative Research in Psychology, vol. 3, ed. 1, 2006, pp. 77-101.

[42]    A Querol, ‘Buscando Justicia’; J Jabiles, ”Víctimas ideales” y discursos victimológicos en la persecución del delito de trata de personas en la ciudad de Lima, PUCP, Lima, 2017; P Astete y R Guerrero, Informe sobre la situación y contexto del delito de trata de personas y la explotación sexual en las regiones de Madre de Dios y Piura en el marco del proyecto «No más mujeres invisibles: contra la trata, explotación sexual y violencia sexual en zonas de minería informal de Madre de Dios y Piura», PROMSEX, Lima, 2021.

[43]    Greenbaum.

[44]    Noviembre 2024.

[45]    Surtees, Stages of recovery.

[46]    Blanco y Marinelli.

[47]    N Roca et al., ‘Rompiendo cadenas entre estigma y enfermedad mental. La deconstrucción del estigma desde la acción comunitaria’, Investigación Cualitativa En Ciencias Sociales, ed. 3, 2016, pp. 86-96.

[48]    El uso de la Cámara Gesell forma parte del protocolo, garantizando una única entrevista con las víctimas menores de cualquier tipo de violencia para evitar la revictimización.

[49]    Querol y Lerner.

[50]    Greenbaum; Juabsamai y Taylor; R Surtees, ‘At Home: Family Reintegration of Trafficked Indonesian Men’, Anti-Trafficking Review, ed. 10, 2018, pp. 70-87, https://doi.org/10.14197/atr.201218105.